Se dice que la política determina quién ostenta el poder, pero no quién está en posesión de la verdad. Conviene tener presente esta afirmación de Krugman a la hora de valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado el pasado 27 de marzo. Un documento que identifica a la derecha y sus políticas en el poder de forma nítida; pero inútil para otorgar la razón a un gobierno que carece de ella a la hora de diseñar la España que ha de ser.
El presupuesto es un documento esencial en cualquier sistema democrático. Y no sólo porque fija las prioridades de ingresos y gastos a lo largo de un periodo determinado, sino porque establece la idea de país que se tiene en mente y cuáles deben ser los fundamentos sociales y económicos del futuro del mismo.
En línea con lo manifestado en el Programa Presupuestario remitido a Bruselas, este presupuesto apuesta por un Estado del Bienestar cada vez más precario, en el que la solidaridad intergeneracional y la cohesión social se resienten a marchas forzadas. En esencia, un escenario que nos condena a situar el gasto en sanidad por debajo de la media europea o el educativo en un 3,7%, muy por debajo del umbral cercano al 5% de nuestro entorno, y que implica renunciar a la innovación y la ciencia como palancas de cambio para encarar los desafíos del futuro.
Con una década transcurrida desde el inicio de la crisis económica, las cicatrices de la misma todavía son evidentes. La tasa de paro duplica la existente entonces. Tenemos 1,35 millones de ocupados menos y la Seguridad Social acumula un déficit de 18.000 millones de euros anuales. Con más de 13 millones de hombres y mujeres en riesgo de pobreza y casi un 14% de trabajadores pobres, no hay ningún cambio de rumbo perceptible, ninguna medida de calado, ninguna reforma estructural ambiciosa con las que PP y Ciudadanos cuestionen un modelo de crecimiento que conduce a más desigualdad y consolida la precariedad entre los jóvenes como horizonte vital lleno de incertidumbres.
Este presupuesto dibuja un estado menguante y débil, que baja los brazos ante los principales retos que nuestro país encara en este siglo: la lucha contra la desigualdad y la transición de una economía de baja productividad y empleo precario a una intensiva en conocimiento y preparada para asumir el reto de la cuarta revolución industrial y transición energética.
Y si en su contenido este presupuesto consolida la desigualdad, en las formas llega tarde, incumpliendo el mandato del artículo 134 de la Constitución, limitado en su vigencia a apenas un semestre y como producto de una negociación política entregada al populismo fiscal y la subasta arbitraria de regalos y dádivas que pretenden camuflar su verdadera esencia.
Dádivas de coyuntura frente a medidas estructurales como la que requiere nuestro sistema de pensiones, que ha sido objeto de una indecorosa pelea pública por el mérito de una subida que poco tiempo atrás negaban y que ahora, al calor de las movilizaciones de los pensionistas, tratan de enmendar con parches que no esconden sus intenciones de futuro.
Los derechos –y el de una jubilación digna lo es para los socialistas- no pueden ser objeto de pujas ni subastas, sino el eje de un contrato social que algunos se empeñan en devaluar con sus actos. Los derechos se reconocen, se amparan y se protegen. No se exponen a la dinámica cortoplacista de los intereses demoscópicos.
Más pronto que tarde, España tendrá que optar por un camino en la disyuntiva que estos presupuestos marcan. Uno de esos caminos conduce al debilitamiento de los valores colectivos sobre los que se sustenta constitucionalmente nuestro estado del bienestar. El otro camino, por el mantenimiento de una red de seguridad colectiva que, ante un ciclo económico adverso, impida que la mayoría de la población expuesta a ese riesgo, sufra las consecuencias de tal debilitamiento.
En esa elección, nuestro país tiene que decidir entre converger con los países más avanzados de la eurozona, con ingresos equivalentes al 46% de su PIB, o a aquéllos a los que nos pretende asimilar la derecha en España, con su apuesta por el 38%. En síntesis, si queremos ser Alemania, o si queremos ser Bulgaria.
Sobran razones para rechazar estos presupuestos. Tantas como ofrece un gobierno que incumple los plazos constitucionales para su presentación y vigencia, reducida a escasos seis meses. Tantas, como silencios existen en este documento continuista, profundamente ideológico en sus objetivos y carente de rigor en su previsión de ingresos.
Que ignora los grandes retos futuros de nuestra economía y que reafirma lo que exponía Krugman al principio de este texto. Tienen el poder, pero no tienen la razón.
PSOE de Camas al Servicio de todos los Cameros y Cameras
